Solidaridad: y para los incumplidores, ¡sanciones!
Es ciertamente una vergüenza que el Consejo -órgano de la UE que reúne a los Gobiernos de los Estados miembros (EE.MM), no se haya dignado a asistir siquiera a la sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE) sobre el (anunciado) fracaso del Programa de Realojamiento (traslado y reubicación de un Estado miembro a otro) de refugiados y demandantes de asilo rescatados en las fronteras exteriores vulnerables de la UE (singularmente, Italia y Grecia).
Todavía mayor vergüenza es que, ante las "emergencias" de la llamada "crisis de los refugiados" (en realidad, una enorme crisis humanitaria), cada vez que el Consejo ha actuado poco, tarde y mal, y demasiado a menudo en la dirección equivocada, reuniéndose hasta altas horas de la madrugada para tomar decisiones cuando les llega el agua al cuello, muchos en el PE nos hemos visto obligados a protestar en voz alta, en todas las lenguas oficiales de la Unión: «¿Qué más da lo que el Consejo anuncie haber "decidido", si esas llamadas "decisiones" (como la de realojar 160.000 refugiados desde Italia entre los 28 EE.MM) no las van a cumplir los Gobiernos de la UE que forman parte de ese órgano?» Se niegan a aceptar sus reglas y sus propios compromisos esos mismos Gobiernos que impugnan sus propias decisiones después de haberlas adoptado, sin sentirse vinculados por el Consejo del que forman parte, pasando de inmediato a ignorarlas e incumplirlas clamorosamente.
Semejante contradicción refleja un problema moral: Italia, abandonada a su suerte. Miles y miles de muertes en el mar, lamentadas ritualmente. 180 000 personas que se hacinan en campos de alojamiento en los países de primera recepción -de nuevo, Italia, Grecia-, con un Reglamento de Dublín (ordenando que se ocupen de los demandantes de asilo los países en cuya puerta se produzca la primera entrada) que hay que reformar con urgencia.
Pero hay un problema político. No es técnico: es político. Porque es directa consecuencia de una reprochable falta de voluntad política para acometer el reto con la seriedad que reclama. Y una hipocresía mayúscula: la ausencia de voluntad de parte de los EEMM para cumplir con el Derecho europeo ya vigente (el Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el "paquete de asilo" y el "paquete de Schengen"). Y luego un problema jurídico: la imperdonable e insostenible carencia de vías legales (legal avenues, legal pathways...) para poder entrar en territorio de la UE sin abandonarse a las mafias que trafican con personas: ¡por eso venimos reclamando visados humanitarios, largamente demandados por ONGs, activistas y abogados de los derechos humanos!
Pero también hay que reparar la actual ausencia de sanciones a los países incumplidores. Y no solamente Hungría, "usual suspect" (sospechosa habitual) a la hora de pasarse el Derecho europeo por el forro. Lamento tener que decirlo: pongamos que hablo de España, un país con un PIB, una población y una capacidad de acogida, muy por encima de su raquítico nivel de atención a las "cuotas" de refugiados asignados (¡18000 en dos años, de los que apenas se ha atendido a menos de un 5% de los que debía asumir!). De forma tan incomprensible como inaceptable, España -dicho con claridad: ¡el Gobierno del PP!- incumple clamorosamente sus cifras comprometidas en y ante el propio Consejo, en decisiones después desmentidas una y otra vez por los Gobiernos que forman este Consejo.
A la vista del desastre, más allá de la expresión de indignación y tristeza, la respuesta solo puede ser una. Y tiene que ser jurídica, impuesta por quien ostenta el deber de ejercer su cometido de "guardiana de los Tratados", que es la Comisión Europea: sanciones. Sanciones y multas pecuniarias de una vez por todas a los países incumplidores. No hablamos aquí de "procedimientos de infracción" que se prolonguen, habitualmente, durante más de dos años, ni de reprensiones provistas de contenido puramente moral —ora una reprensión, ora una amonestación—. No. Sanciones, multas económicas a los países incumplidores, que no deberían disfrutar sin más de cuantiosas ayudas europeas mientras no entiendan que el mandato normativo de solidaridad en la gestión de flujos inesperados o extraordinarios de inmigrantes o demandantes de refugio (art.80 TFUE) no es un expresión de un "buen deseo" (wishful thinking): desde la entrada en vigor del TL en 2009, es un mandato jurídico, un mandato vinculante. Está en el Derecho europeo y los EE.MM deben observarlo y cumplirlo.
¿Cuántas veces, y en cuántas lenguas oficiales de la UE, tendremos todavía que explicar que los países que en su día se adhirieron a la Unión Europea, y luego ratificaron el Tratado de Lisboa y se comprometieron con su entrada en vigor, estaban aceptando con ello un compromiso vinculante de solidaridad en la gestión de las fronteras exteriores de la Unión y en el aseguramiento de la libre circulación de personas, con su dignidad y derechos, en el interior de la UE?
La solidaridad no es un "buen deseo", no; la solidaridad es un mandato vinculante. Y esto significa que ante inmigrantes y refugiados que, careciendo de vías legales para intentarlo, entran irregularmente por una frontera exterior -victimizados y explotados por traficantes sin escrúpulos y sobreviviendo al riesgo sobre su vida y sus familias- y acaban viéndose internados en campos de alojamiento, en campos de acogida en "hotspots" en Grecia, Italia o donde sea, se necesita todavía, y con más urgencia que nunca, una respuesta europea. Una respuesta europea, promovida y conducida desde y por la Comisión, y luego acatada y cumplida obligatoriamente por todos los EEMM. Y para los Estados incumplidores, no más "!qué vergüenza!": ¡sanciones!
