Protección de los derechos fundamentales: un desafío aun para la UE
El Parlamento Europeo (PE) debate y vota anualmente un Informe de Iniciativa (equivalente a una Proposición No de Ley en el Derecho parlamentario español) sobre la Situación de los Derechos Fundamentales en la UE. La preparación del debate y votación en el Pleno de Estrasburgo corresponde precisamente a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Comisión LIBE).
Esta práctica fue establecida y consolidada durante mi mandato como Presidente de LIBE (2009-2014). Para ello contamos con dos puntos de apoyo: de un lado, los incisivos análisis presentados anualmente por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA, por sus siglas en inglés) ante la Comisión LIBE; del otro, el establecimiento desde 2014 de un (así denominado) Rule of Law Mechanism para examinar el cumplimiento de los estándares constitucionales y democráticos consagrados en el TUE (art. 2; los llamados "Criterios de Copenhague") por los Estados miembros (EEMM).
Ya en el curso de la presente legislatura (2014-2019), el PE mandató a la Comisión (Resolución de 25 de octubre de 2016) la adopción de un Mecanismo para examinar la situación de los derechos fundamentales en la UE, complementario al Mecanismo sobre el Estado de Derecho (Rule of Law).
El objetivo es identificar y debatir los problemas y desafíos planteados en la UE y sus EEMM por violaciones de derechos y libertades consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que entró en vigor con el Tratado de Lisboa en 2009, "con el mismo valor jurídico que los Tratados" (art. 6 TUE): porque son derechos vinculantes para los EEMM y directamente invocables por la ciudadanía ante los tribunales de los EEMM y ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Año tras año las preocupaciones expresadas en los debates en LIBE orbitan sobre dos ejes: a)- Los retrocesos y perjuicios causados por la crisis de la UE y por las prolongadas políticas de austeridad sobre la calidad y densidad de los principios fundamentales del Estado Constitucional; y b)-Las violaciones de los derechos vinculados a la igual dignidad de las personas en el ámbito de la política europea de migraciones, asilo y refugio, e integración social de la diversidad.
En el primer ámbito, los socialistas europeos denunciamos y combatimos, en todas las esferas de nuestra acción parlamentaria, la peligrosa deriva regresiva y autoritaria ("iliberal", se autodenomina), dominada por un virulento repliegue nacionalista y populista de carácter reaccionario y antieuropeo, en la que se han instalado algunos gobiernos en los EEMM, contaminando al Consejo de la UE con sus prolongados bloqueos político-legislativos a la legislación promovida por el PE y con su negativa a cumplir sus propias decisiones. Asimismo venimos denunciando la corrupción en el manejo de Fondos europeos frecuentemente constatada en esos EEMM en deriva reaccionaria (Hungría y Polonia, a la cabeza) con su consiguiente impacto en el deterioro del crédito de la confianza mutua y, consiguientemente, de la construcción europea.
En el segundo, ha sido constante -y creciente- la preocupación del PE por la situación de los refugiados y demandantes de asilo, y especialmente, entre ellos, por los colectivos y personas más vulnerables: menores no acompañados; víctimas de violencia y explotación sexual sobre mujeres y menores. También en este ámbito se inscribe la crítica que nos merece la retórica del odio (hate speech) proliferante en las redes, y la discriminación suscitada en una parte significativa de las opiniones públicas a los EEMM por la dolosa mixtificación de refugiados y demandantes de asilo con atentados terroristas, como si los refugiados que huyen del terror y la guerra representaran una amenaza a la identidad nacional o a la seguridad de los EEMM.
La insensibilidad mostrada por un buen número de gobiernos de la UE ante la pérdida de vidas en las rutas de los tráficos ilícitos de seres humanos (el desierto y las costas norteafricanas), ante la desaparición de tantos desesperados en el mar y, con posterioridad, en los sórdidos circuitos de la explotación laboral y sexual de personas vulnerables, después de haberles condenado al estatus estigmatizante de la "irregularidad" ante la ausencia clamorosa de vías legales de acceso (¡los visados humanitarios que llevo años defendiendo y propugnando en mi condición de ponente del Código Europeo de Visas!), completa el preocupante mosaico de las señales de alarma para el PE.
La Iniciativa del PE exige a la Comisión y a los EEMM responder al desafío de la protección de los derechos. Y que se haga manteniendo la guardia alta. Sin rebajarla en ningún caso ante las amenazas contra la dignidad y la privacidad de las personas que plantean abusos y violaciones de sus derechos en las redes; ni ante la violencia sexual y la explotación de mujeres y menores; ni ante las barreras impuestas contra la igualdad de género y los derechos de las personas con discapacidad y de los mayores; ni ante la lucha contra toda forma de discriminación (por razón de raza, credo, pertenencia a un grupo étnico, cultural, identidad, orientación sexual...). Todas ellas son batalla que no han de cesar nunca. Ni en el conjunto de la UE ni en sus EEMM, en la misma medida en que ninguna libertad está conquistada para siempre, y que ninguna injusticia ha sido nunca erradicada para siempre.
