De la exclusión a las bombas: la responsabilidad de Europa en el auge del terrorismo islamista

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En 1953, y en pleno apogeo de los Hermanos Musulmanes egipcios, Taqiuddin an Nabhani, un erudito palestino nacido en la ciudad de Haifa y formado en la Universidad de Al Azhar, cumbre del islam ortodoxo suní, fundó Hizb at Tahrir, un movimiento panislamista que aboga por enterrar los acuerdos de Skyes-Piccot -que dibujaron las fronteras actuales en Oriente Medio- y sustituir a los estados actuales por un sola ummah (comunidad de creyentes), semejante a la que creen estableció el profeta Mahoma. Extendido por todo el planeta, desde Estados Unidos a Australia, Hizb at Tahrir -que renuncia a cualquier tipo de violencia- cuenta en la actualidad con varios millones de seguidores en más de 40 países y se ha convertido en la ideología musulmana que más adeptos gana desde el estallido de las ahora fracasadas primaveras árabes.

En Túnez, por ejemplo, tienen una bonita sede en una de las calles que llevan a la antigua medina, y organizan seminarios y cursos abiertos al público, entre la reticencia de las autoridades locales. También en Palestina, Rusia, Francia o España. Pero su verdadera fuerza fuera de los estados musulmanes se concentra en Londres, donde en 1996 sufrió una escisión que llenó Europa y Asia Central de hijos bastardos y propició que muchos gobiernos decidieran proscribir sus actividades.

El origen fue la asociación entre su representante en el Reino Unido -Omar Bakri Muhamad, un ex miembro de los Hermanos Musulmanes sirio- y Anjem Choudary, un clérigo radical nacido y criado en los suburbios londinenses. Ambos crearon en 1983 en Yeda, con ayuda de predicadores wahabíes saudíes vinculados a la familia Real saudí, Al Muhayirum. un grupo que abogaba por obviar el método tradicional de adoctrinamiento y reemplazarlo por la lucha armada para acelerar la creación del Califato. Desde entonces, miles de jóvenes musulmanes -la mayoría de ellos nacidos y crecidos igualmente en las islas- se han educado en sus mezquitas y han partido desde ellas a la yihad en Afganistán, Irak o Siria gracias a la ayuda financiera de organizaciones caritativas de Arabia Saudí y a la inoperancia de las autoridades británicas, que no ilegalizaron su actividad ni persiguieron a sus dirigentes hasta 2010.

Similar situación se ha vivido en otros países europeos, principalmente en Bélgica y en Francia, donde las fallidas políticas de integración y el racismo latente procedente de los años de la colonización han contribuido a crear guetos donde el radicalismo ha hallado pobreza, paro, desesperanza, pero sobre todo, una sensación de no pertenencia, de ciudadanía de segunda clase con la que nutrirse. Pese a que el fascismo y la islamofobia -que, por desgracia, crecen en una Europa que siempre ha relegado, y sigue relegando, los principios a los intereses económicos- pretendan unir violencia e Islam -y pese a que la interpretación más retrógrada y herética de la religión mahometana sostiene indudablemente la ideología de los grupos radicales islámicos-, debemos admitir y asumir que el yihadismo -que mata más musulmanes que europeos- es una amenaza que la comunidad internacional -y en particular, las potencias de la vieja Europa y Estados Unidos- han contribuido a crear con las erróneas e interesadas políticas que han desarrollado en el norte de África y Oriente Medio a lo largo del infausto siglo XX.

Políticas que durante décadas han sostenido y colaborado con dictaduras militares abyectas en aras de intereses económicos y estratégicos. Y que, en virtud de estos, han decidido qué sátrapas eran aceptables y cuáles debían integrar el cacareado eje del mal. Caso de la autocracia saudí, principal aliado árabe de Washington desde la década de los ochenta, pese a que está considerado uno de los principales violadores mundiales de los derechos humanos y a que de sus mezquitas naciera la concepción diabólica del Islam que ahora aterroriza al mundo. En Arabia Saudí rige el wahabismo, una interpretación arcaica y herética de la religión de Alá, que se ciñe a una literalidad ciega de los textos sagrados.

Al igual que sucede en los territorios dominados por el Estado Islámico, el último de sus hijos ilegítimos, bajo la plutocracia saudí las mujeres no tienen derecho a conducir o salir de casa solas; a votar, a viajar, a elegir a su marido, e incuso a estudiar o trabajar sin el permiso de un hombre. Cuando lo hacen, deben cubrirse de pies a cabeza, estar acompañadas y limitarse a espacios donde se segrega por sexos; incluso los poco derechos de los disfrutan, como el de divorcio, están restringidos. Bajo la autocracia saudí, no existe libertad de expresión y cualquiera puede ser condenado a muerte incluso por un pequeño verso o tuit que un clérigo o juez considere blasfemo u ofensivo para la familia real. La pena capital también se aplica a los acusados de violación, robo a mano armada, adulterio, apostasía o brujería.

En 1980, y con ayuda de Estados Unidos y Pakistán, Riad emprendió una política de proselitismo y propagación del wahabismo que desde entonces ha servido para fundar y financiar miles de mezquitas en todo el mundo, incluidos países de Europa como España, Francia o el Reino Unido. Además, abrió el llamado "puente de los muyahidin". Un pasaje que, con la excusa de a lucha contra el comunismo soviético en Afganistán, sirvió para que la gerontocracia saudí se desprendiera de los movimientos de oposición religiosa que les acusaban de perversión y ponían en duda su liderazgo. Al proyecto, que permitió el tránsito libre de radicales -llamados entonces "freedom fighters"- se sumaron rápidamente los tiranos de otros países -principalmente Egipto y Túnez-, que vieron una vía para desprenderse de la oposición islamista.

Desplomado el muro de Berlín, aquellos primeros yihadistas se quedaron sin trabajo y optaron por regresar a sus países de origen, donde creyeron que serían bienvenidos. La mayor parte de ellos fueron enviados a las cárceles, comenzando la segunda fase de la radicalización. Fueron aquellos que lograron huir, como Osama bin Laden, los que crearon a Al Qaida. Y aquellos que conocieron la libertad tras la ilegal ocupación de Irak y el estallido de las primaveras árabes, los que integran ahora el Estado Islámico, la tercera y más peligrosa etapa -por su madurez- del yihadismo.

Avanzada la segunda década del siglo XXI, Arabia Saudí es aún el principal socio árabe de Occidente, pese a que sus políticas no solo no han cambiado, sino que se han radicalizado aún más. El régimen wahabí lidera la contrarrevolución que ahoga las primaveras árabes, un movimiento de indignación social y defensa de los derechos que desde el principio observó como una amenaza. Y no solo en su territorio, donde encarceló a miles de disidentes y donde las desigualdades sociales son día a día más injustas y patentes, sino también en los países vecinos.

Riad contribuyó económica y políticamente a que la revolución egipcia fracasara y es el principal sostén de Abdel Fatah al-Sidi, el dictador que sustituyó a Hosni Mubarak y que, en apenas dos años, ha oscurecido los anhelos libertarios del pueblo egipcio y ha multiplicado su infausto récord de violaciones de los derechos humanos.

Igualmente, aplastó las primaveras en el vecino y vasallo Bahrein y abocó a los indignados yemeníes a una guerra civil en la que el ejercito saudí parece haber cometido -según denuncias de organizaciones de los derechos humanos- crímenes contra la humanidad. En Siria, grupos radicales wahabíes financiados con dinero saudí forman parte de la heterogénea oposición al dictador. Algunos, como Ahrar al Shams, ha colaborado con grupos como Estado Islámico y el Frente al Nusra, considerado terrorista, con el que han compartido fondos, armas y batallas. En los últimos meses, la monarquía saudí -principal culpable del fracaso de la oposición laica siria- ha presionado para que uno de estos grupos forme parte de la mesa de negociación con la satrapía de la familia Al Asad, pese a que no aceptan un estado democrático y abogan por régimen basado en la segregadora y racista interpretación wahabí. Intervención militar e injerencia en los asuntos internos de otro país: las recetas que Occidente ha aplicado con igual fracaso -Irak, 2003; Libia, 2011- durante un siglo XX que debe terminar.

Las primaveras árabes fueron un estallido de ilusión para millones de jóvenes árabes y musulmanes que durante casi toda la vida crecieron bajo el yugo de dictadores a los que Occidente apoyaba. Muerta la ilusión, desvanecidos los anhelos de libertad y justicia social que sus padres ansiaban pero que ni siquiera se atrevían a susurrar, todos ellos buscan respuestas. Un modelo alternativo en el que aspirar a cosas tan cotidianas como criticar, estudiar, comprarse un móvil o un coche, salir con sus amigos y amigas a divertirse en libertad, conocer una chica o un chico, casarse, arrejuntarse, encontrar un empleo digno, fundar un hogar, tener hijos, progresar, jubilarse y vivir sin la amenaza de la pobreza y la guerra, como hacen millones de personas en todo el mundo; ese mundo idea que, en muchos casos, conocen solo por la televisión.

Pero hasta donde alcanza la vista, no ven más que oscuridad; un negro horizonte en el que las dictaduras vuelven a emerger, que entienden asidas a gobiernos occidentales indulgentes que priorizan sus intereses a los derechos, con la excusa de la seguridad. Puertas y fronteras que se cierran a los que huyen de las bombas de barril; de la represión, de la injusticia, de una interpretación falaz de una religión que aman y respetan que hacen clérigos del ayer, en busca de un poco de silencio, de un espacio de paz, de un trabajo digno que les permita no mendigar el pan. Ciudades europeas donde se les mira por encima del hombro y donde tienen menos oportunidades por llamarse Mohamad, Aiha, Ali o Iman. Y entonces, ante esa perspectiva, vencen los apóstoles de la intolerancia y la fascinación por el fusil.