Un verdadero compromiso por la transparencia
Que cualquier ciudadano pueda pedir información sin necesidad de certificado electrónico, que pueda participar de las decisiones públicas y tenga derecho a valorar decisiones que le afectan, que se reconozcan los intereses comunes. Que nos ampare un árbitro de la transparencia independiente que pueda sancionar a quién incumple.
Foto: ISTOCK
España es el único país de su entorno donde los diputados pueden hacer Peticiones de Información a las Administraciones Públicas. Esto, que podría ser una curiosidad, no es un buen síntoma. Otros países no lo recogen así porque, simplemente, no es una facultad del parlamentario, sino un derecho de todos los ciudadanos.
La ley estatal de transparencia llegó en 2013, tarde y mal. Todas las Comunidades Autónomas han desarrollado normativa específica o están en ello, salvo Madrid. Mientras el Gobierno del PP hablaba de "paredes y bolsillos de cristal", en la prensa aparecían sumarios con asuntos bien opacos, casi hasta sepultarnos. La transparencia también debería formar parte del servicio público, porque es indispensable para demostrar gestión y para rendir cuentas.
En menos de un año, el Grupo Ciudadanos ha registrado en Madrid decenas de iniciativas que han precipitado la agenda pese al inmovilismo de unos ("¡No vamos a desarrollar una ley específica teniendo la nacional!", llegó a decir Cifuentes) y la falta de iniciativa de otros. Hemos presentado casi 300 enmiendas para mejorar un primer borrador, y no lo hemos hecho solos: representar y recoger las demandas de la sociedad civil forma parte de nuestra identidad. Asociaciones de prestigio como Fundación Civio o APRI han colaborado de forma generosa y apartidista.
En Ciudadanos queremos extender la obligación de ser transparentes no sólo a la Administración, también a las entidades vinculadas, subvencionadas o dependientes de fondos públicos. No queremos agendas de actos sociales, sino agendas públicas de lo que responsables públicos tratan en sus despachos y con quiénes lo hacen. Que distribuyan los acuerdos y los proyectos de gobierno cuando anuncian que se aprueban. Conocer los presupuestos al detalle, con el mismo detalle que el año anterior y poder compararlos con lo que se va gastando. Saber quién firma las actas de las mesas de contratación, cómo están las listas de espera de los servicios. Que cualquier ciudadano pueda pedir información sin necesidad de certificado electrónico, que pueda participar de las decisiones públicas y tenga derecho a valorar decisiones que le afectan, que se reconozcan los intereses comunes. Que nos ampare un árbitro de la transparencia independiente que pueda sancionar a quién incumple.
Los próximos meses veremos el compromiso real con la transparencia y la participación ciudadana en Madrid. Ojalá iniciativas tan buenas como tuderechoasaber.es o dondevanmisimpuestos.es dejen de ser la lucha aislada de unos pocos y pasen a la normalidad de todos, del servicio público.
