Justicia propone dejar a nuestros hijos en un limbo jurídico

Paula, Valentina, Arnau, Rafael, Sofía, Patricia, Galileo, Alexander, Marina... son algunos de los niños a los que el Ministerio de Justicia está privando de la ciudadanía española. Todos ellos son hijos de españoles y según el Código Civil deberían ser españoles de origen. Pero si prospera el proyecto de Ley de Registro Civil aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, serán cientos de niños todos los años los que quedan en un limbo legal. Sus padres no podrán inscribirlos en el Registro Civil porque esta propuesta de ley no respeta su filiación, no respeta la identidad de sus padres.

Sin registro no hay ciudadanía, y sin ciudadanía se les niegan todos los derechos básicos que de ella se derivan. No podrán ser beneficiarios de la cobertura sanitaria de sus padres. No habrá prestaciones de maternidad ni paternidad para ser cuidados por sus padres, que tampoco podrán disfrutar de las deducciones en el IRPF ni tener descuentos por familia numerosa. Quedarán sin protección en caso de divorcio y sin derechos hereditarios en caso de quedar huérfanos. Noventa días después de volver a casa, pasarán a ser inmigrantes sin papeles en su propio país. Su exención de visado como ciudadanos americanos expirará y sus padres no podrán conseguir un permiso de residencia para sus hijos, porque esa figura no existe. No existe porque los hijos de españoles son españoles.

En el año 2010, una instrucción del Ministerio de Justicia solucionó este problema abriendo la inscripción registral a los niños nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Desde entonces cientos de niños han sido inscritos en el Registro Civil. Sus padres y madres tuvieron que viajar miles de kilómetros para recurrir a una técnica de reproducción asistida que no está regulada en España. Familias monoparentales, homoparentales o heteroparentales que no podían gestar a sus propios hijos. Mujeres que habían superado un cáncer, o que padecían insuficiencia renal, o preclampsia, o el síndrome de Asherman, o el de Rokitanski... Son muchas las circunstancias que no permiten gestar. Todas las familias tenían en común un proyecto de vida que pasaba por tener hijos, un sueño al que no estaban dispuestas a renunciar. Sacaron recursos de debajo de las piedras para pagar la sanidad más cara del mundo y viajar al encuentro de esas mujeres maravillosas que generosamente donan su capacidad de gestar.

El felicidad duró hasta febrero de este año, cuando un periódico filtró de manera tendenciosa una sentencia salvaje del Tribunal Supremo. Con el voto particular radicalmente contrario de cuatro magistrados, por un estrecho margen, el Alto Tribunal condenaba a dos niños valencianos a perder su inscripción registral. Tras conocer la noticia algunos cónsules españoles decidieron paralizar las inscripciones y remitir una consulta a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia. Desde entonces el acceso a la ciudadanía española está cerrado para nuestros hijos.

Si algo positivo tenía la sentencia atroz del Supremo era que invitaba al legislador a legislar. Efectivamente en España existe un cierto vacío legal y la instrucción de 2010 es un mecanismo con muy poca solidez jurídica. Estos días el Gobierno tenía una oportunidad de oro para actualizar la ley de Registro Civil, adecuarla a la nueva realidad social y solucionar el problema al que se enfrentan nuestros hijos. Sin embargo, del Consejo de Ministros sale un proyecto de ley que parece hecho para todo lo contrario. Parece diseñado por el sector más rancio y ultra-conservador para imponer el modelo católico de familia tradicional. Parece teñido de creencias religiosas contrarias al avance científico y el progreso social en reproducción asistida. ¿Qué está pasando en el Ministerio de Justicia? ¿Dónde está el PP que se decía liberal?