Contra las Tasas Judiciales: #YoVoy. Y tú deberías
Pagar más por acudir al Juez no ha mejorado de ninguna forma la posición de los ciudadanos ante la Justicia. De hecho, la ha empeorado, ha dificultado la protección de los derechos y el trabajo de los profesionales. Si es de lo que se trataba, el éxito ha sido rotundo. Pero la ya ha durado demasiado.
Casi nadie pregunta por las ruedas a la hora de comprar un coche. Al elegir, solemos centrar nuestra atención en cuestiones como la potencia o el consumo. Nos preocupa que el vehículo cuente con sistema de climatización, equipo de audio y, desde luego, la seguridad. Pero no preguntamos si el coche tiene o no tiene ruedas, porque un coche sin ruedas no es un coche y, por tanto, si careciera de ellas todos los demás elementos nos servirían de bien poco.
De igual forma, a la hora de valorar nuestro sistema legal tendemos a centrar nuestra atención en ciertos derechos que consideramos importantes: tener derecho a la atención sanitaria, que se reconozca nuestra libertad de movimiento o de expresión. Que se nos permita reunirnos, contraer matrimonio, poseer bienes en propiedad; tener creencias religiosas o carecer de ellas, trabajar y ganar dinero con ello, o jubilarnos cuando llegue el momento. Solo muy recientemente ha empezado a preocuparnos el derecho a tener esos derechos, es decir, el derecho a que nuestros derechos se protejan. En un Estado de Derecho, el acceso a la Justicia son las ruedas, porque nuestros derechos no se protegen en el BOE, sino ante un Juez, y si el ciudadano no puede llegar a él no importa con qué amplitud reconozca sus derechos el Diario Oficial puesto que con igual amplitud podrá vulnerarlos quien tenga poder para ello. Parece que un Estado Democrático y de Derecho debe ser algo más que decir cada cuatro años si A o si B. Debe ser, como mínimo, no quedar a merced ni de A ni de B, según toque, por lo que el derecho a ser escuchado por un Juez es, como mínimo, tan importante como el de elegir a nuestros representantes.
En fin, valga la anterior introducción no tanto para poner en valor la importancia del acceso a la justicia como para confirmar que desde la entrada en vigor de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se establecieron las nuevas tasas judiciales, este derecho se ha visto restringido e imposibilitado para quienes no cuentan con suficientes recursos. No digo que sea el caso, pero obviamente si un mandatario quisiera alterar con libertad el contenido de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos, un buen comienzo sería evitar que estos pudieran sentarse ante un Juez independiente, inamovible, responsable y que, sometido únicamente al imperio de la ley, le diga si le asiste o no la razón.
Si por el contrario esta ley intentaba, desde la buena fe, paliar alguno de los problemas que afectaban y afectan a la Justicia en nuestro país, podemos lamentar el fracaso desde ya. El 20 de noviembre se cumplirá un año desde su entrada en vigor y lo único que ha cambiado es que la Justicia no es gratuita para quienes acreditan insuficiencia de recursos para pedirla. Por lo demás el panorama sigue igual o peor: los procesos siguen sufriendo dilaciones indebidas. Si existe gratuidad es solo a costa de las cantidades adeudadas de los abogados y procuradores del turno de oficio. El Consejo General del Poder Judicial está cada día más cerca de ser un órgano del Gobierno en el Poder Judicial en lugar del órgano de gobierno del mismo. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto por el Consejo de Ministros en materia de indultos. El Ministerio Fiscal, en determinados casos, sigue escorando hacia el principio de dependencia jerárquica en detrimento del de imparcialidad... y no parece que las reformas anunciadas -que consisten esencialmente en alejar la Justicia del ciudadano con una nueva planta judicial, y alejarla de los Juzgados con una muy discutible Ley de Jurisdicción Voluntaria- vayan a paliar ninguno de estos problemas, ni por lo tanto, a mejorar la relación del ciudadano con la Justicia.
En definitiva, pagar más por acudir al Juez no ha mejorado de ninguna forma la posición de los ciudadanos ante la Justicia. De hecho, la ha empeorado, ha dificultado la protección de los derechos y el trabajo de los profesionales. Si es de lo que se trataba, el éxito ha sido rotundo. Pero la experiencia ya ha durado demasiado. Así que cuando este miércoles vean abogados, jueces o secretarios en la puerta de los juzgados, no se pregunten por quién doblan las campanas. Doblan por ustedes.
