El Parlament aprueba la declaración de independencia
La resolución de Junts pel Sí y la CUP acuerda abrir un proceso constituyente y que la Generalitat despliegue la ley de transitoriedad
El Pleno del Parlament ha aprobado la resolución de Junts pel Sí y la CUP para declarar "Cataluña como Estado independiente en forma de república", iniciar un proceso constituyente y que el Govern desarrolle la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
La iniciativa ha salido adelante en una votación secreta en urna con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco. Los diputados de Cs, PSC y PP han abandonado el Hemiciclo.
El texto de la resolución, en su parte expositiva, plantea "asumir el mandato del pueblo expresado en referéndum" y "declarar Cataluña como Estado independiente en forma de república".
En la resolución, el Parlament acuerda iniciar un proceso constituyente, que tiene que culminar con la redacción y aprobación de la constitución de la República. El texto insta al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
El documento reproduce la "declaración de los representantes de Cataluña" que el pasado 10 de octubre firmaron los diputados de JxSí y la CUP tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suspendió los "efectos" de la independencia para abrir un periodo de diálogo.
En esta declaración formal, se plantea "constituir la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social".
Esta sesión en el Parlament se ha producido a la vez que en Madrid se debatía en el Senado la aprobación definitiva del 155. El Consejo de Ministros se reunirá en las próximas horas para acordar las primeras medidas, como el cese del presidente catalán, Carles Puigdemont, y todo su Govern.
El Pleno en la Cámara autonómica ha evidenciado una Cataluña dividida, rota, fracturada. Los grupos de la oposición han calificado de "día negro" lo sucedido y han advertido de las consecuencias de la inevitable aplicación del 155 por la aprobación de esa declaración. JxSí y la CUP han forzado que la votación sea secreta para tratar de blindarse ante posibles querellas de la Fiscalía General del Estado.
Propuesta de la resolución de JxSí y la CUP en el Parlament
DESARROLLO DE LA LEY DE TRANSITORIEDAD
Entre los puntos de la resolución, el Parlament insta al Govern a aprobar todos los decretos y resoluciones que sean necesarios para desarrollar la ley de transitoriedad jurídica -que crea un nuevo marco legal catalán-, empezando por la "expedición a la ciudadanía" de los documentos de identidad catalanes.
Se propone impulsar un "tratado de doble nacionalidad" con el Gobierno de España, promover "ante todos los Estados e instituciones el reconocimiento de la república catalana" y establecer el "régimen de integración en la administración de la Generalitat" de todos los funcionarios -salvo que renuncien a ello- que hasta ahora prestaban sus servicios en la administración general del Estado en Cataluña.
Se insta a adoptar las medidas necesarias para el "ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral" y para la creación de un "banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva", así como de un "Banco de Cataluña, con las funciones de banco central".
También se plantea "abrir un periodo de negociaciones con el Estado español" para abordar la "sucesión del Estado catalán mediante un acuerdo, en derechos y obligaciones de carácter económico y financiero".
Asimismo, la resolución llama a "elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español, radicados en el territorio nacional de Cataluña, a fin de hacer efectiva la sucesión en su titularidad", y a "elaborar una propuesta de reparto de activos y pasivos entre el reino de España y la república de Cataluña".
Por otra parte, el texto pide al Parlament abrir una "investigación para determinar las responsabilidades" del Gobierno central "en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, individuales y colectivos" para evitar que el 1 de octubre se celebrara el referéndum.
Esta "comisión de investigación" estaría formada por diputados y expertos, personal de la Oficina Antifraude, de la Sindicatura de Greuges y de la abogacía catalana, además de representantes de organizaciones internacionales.
PROCESO CONSTITUYENTE
La resolución propone abrir en Cataluña un proceso constituyente liderado por la sociedad civil, por lo que serían creados un consejo asesor y una plataforma promotora, si bien finalmente serían convocadas unas elecciones constituyentes para aprobar el texto constitucional definitivo.
Ambas formaciones independentistas instan a "declarar el inicio y apertura del proceso constituyente".
Esto implica, se apunta en el texto, instar al Govern a "activar de forma inmediata todos los recursos humanos, públicos y sociales así como medios materiales a su alcance, para hacer efectivo el proceso constituyente democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, que tiene que culminar con la redacción y aprobación de la Constitución de la República".
Dicha aprobación, sin embargo, correspondería al nuevo Parlament convertido "en asamblea constituyente" y que surgiría de las "elecciones constituyentes".
