15 estados se rebelan contra la decisión de Trump de acabar con el programa para los 'dreamers'

Hay quien no va a quedarse de brazos cruzados ante las nuevas órdenes de la Administración Trump: 15 estados y el Distrito de Columbia han presentado una demanda este miércoles desafiando la decisión del presidente republicano de poner fin a las protecciones y beneficios para dreamers, los jóvenes que llegaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños.

La demanda multiestatal presentada por un grupo de procuradores generales demócratas para proteger a los beneficiarios del programa Acción Diferida por Llegadas en la Niñez (DACA) argumenta que sus economías estatales se verán afectadas si los residentes pierden su estatus.

La demanda busca bloquear la decisión del presidente Donald Trump y mantener la DACA y afirma que la decisión de Trump fue "motivada, al menos en parte, por un motivo discriminatorio" contra los mexicanos, quienes son los mayores beneficiarios del programa.

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, tomó la iniciativa de presentar el caso en el Distrito Este de Nueva York. Aseguró que 42.000 neoyorquinos participan en el programa DACA. "Su final será devastador para ellos y causaría un daño económico enorme al Estado".

Al comentar la demanda, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que el DACA fue implementado bajo una orden ejecutiva del expresidente Barack Obama, no a través de la acción del Congreso.

TAMBIÉN LOS FISCALES

Pero no sólo son los estados los que se levantan contra la Casa Blanca. También una coalición de 16 fiscales generales han retado hoy en una corte federal de Nueva York la decisión de poner fin al programa DACA, que beneficia a más de 800.000 jóvenes inmigrantes en el país.

Los fiscales han argumentado en la demanda, en la corte para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, que la decisión anunciada por el fiscal general del país, Jeff Sessions, viola los derechos del debido proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados.

Argumentaron además que poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado en 2012 por el demócrata Obama, viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar contra los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los que se benefician de la iniciativa.

Según la demanda, presentada por los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención "de castigar y menospreciar gente de raíces mexicanas".

Sessions anunció el martes que el programa, que ha evitado la deportación de miles de jóvenes indocumentados y les ha permitido estudiar, trabajar, obtener licencias de conducir y viajar legalmente finalizaría dentro de seis meses, periodo en que la administración Trump espera que el Congreso presenten una propuesta.

Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York -estado que encabeza la demanda-, reiteró hoy al anunciar la acción legal que la decisión de la administración Trump fue "discriminatoria". Recordó que los jóvenes acogidos a esta iniciativa, conocidos como "dreamers" o "soñadores" respetan la ley, trabajan duro y pagan impuestos.

"Estados Unidos es el único hogar que han conocido y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestra gran nación", argumentó durante un evento en un centro educativo de Manhattan, en el que sindicatos y diversas organizaciones comunitarias y civiles mostraron su apoyo a los jóvenes.

El fiscal de Nueva York, estado con unos 42.000 soñadores, recordó que Trump se refirió a mexicanos como violadores y narcotraficantes durante su campaña electoral, y aseguró que la acción del mandatario está impulsada por sus motivaciones personales contra los mexicanos.

"La inmigración es la fuente de vida de Nueva York. La decisión de la administración Trump es cruel, inhumana y devastadora para los 42.000 neoyorquinos que han podido salir de las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa", sostuvo.

ENORME IMPACTO ECONÓMICO

La demanda argumenta que la suspensión del DACA impactará en sus economías con la pérdidas de ingresos por impuestos, trabajadores diestros y obligará a muchos jóvenes a dejar sus estudios. Aproximadamente 1.400 beneficiarios del DACA perderán su autorización de trabajo y pondrían perder sus empleos a medida que sus términos con el programa comiencen a expirar.

"DACA garantiza el sueño americano", aseguró el Schneiderman durante el anuncio, en el que además afirmó que en Nueva York "sabemos que los inmigrantes no son nuestros enemigos"

El 97% de los beneficiarios de la DACA en EEUU están empleados o van a la escuela y pagan unos 140 millones anuales en impuestos estatales y locales, según estadísticas citadas por la fiscalía general.

La demanda indica además que las personas que han confiado en DACA son ahora más vulnerables a la deportación que antes de que el programa se iniciara porque entregaron información sensible al gobierno federal en sus solicitudes para acogerse al programa.