Ruíz Gallardón, salpicado en la Operación Lezo

Alberto Ruíz-Gallardónvuelve a la primera plana. Tras un tiempo alejado del centro de la noticia -apenas si reapareció brevemente al anunciarse que se encargaría de la defensa del opositor venezolano Leopoldo López y, hace dos semanas, en el entierro de su suegro, el que fuera ministro de Franco José Utrera Molina-, el exministro de Justicia con el PP se expone otra vez a los focos, en este caso salpicado por la Operación Lezo.

Según ha adelantado hoy Eldiario.es, la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional contra el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II apunta también a Gallardón, que era presidente de la Comunidad de Madrid cuando comenzó el presunto desfalco de la empresa pública de aguas. Es lo que consta, dice el periódico, en un acto incorporado a la causa bajo secreto en el que se señala que "el procedimiento se dirige contra los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2001", con Alberto Ruiz-Gallardón como máximo dirigente. El acuerdo referido es la compra de la firma colombiana Inassa por parte del Canal por un valor muy superior al real.

La Fiscalía Anticorrupción, añade este medio citando fuentes jurídicas, solicitó en noviembre al juez del caso que dictara un auto de dirección de procedimiento contra Ruiz-Gallardón, para poder "interrumpir la prescripción del delito de malversación de fondos públicos en el que pudiera haber participado 15 años antes". Así, los fiscales se reservaron la posibilidad de solicitar la imputación del expresidente madrileño cuando la marcha de la instrucción lo haga aconsejable. Al parecer, el punto en el que echa a andar la investigación y la horquilla que abarca -durante la era Gallardón o sólo posteriormente, en tiempos de Esperanza Aguirre e Ignacio González- es un importante punto de fricción entre los fiscales del caso y el fiscal anticorrupción.

Los fiscales, en un escrito de noviembre pasado, sostienen que han hallado "indicios de criminalidad contra determinadas personas u organismos" y que esa actuación que podría ser delictiva tiene su origen "en actividades que se inician en 2001 con la compraventa de la mercantil Inassa". El auto en el que la Audiencia Nacional da la razón a los fiscales asegura que la compra fue "llevada a cabo bajo el control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz-Gallardón".

"PACTO DE SILENCIO"

Además de las revelaciones de Eldiario.es, el digital El Español también abunda en las salpicaduras de la Operación Lezo sobre el que fuera alcalde de Madrid. "Presuntamente Alberto Ruiz-Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de Lezo. Es decir, supuestamente tuvo que ver con la compra de la empresa colombiana y, además, pactó con el expresidente de la Comunidad de Madrid -ahora entre rejas- la manera de llevarlo de forma discreta.

Este diario sostiene que el entrecomillado procede de un escrito dirigido al juez instructor Eloy Velasco en el que la Fiscalía Anticorrupción también apunta al brazo derecho para cuestiones de finanzas de Gallardón, Juan Bravo, que era consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid cuando se produjo la compra de Inassa.

Esta operación es considerada por los fiscales de la Operación Lezo como el inicio de las actividades "fraudulentas" relacionadas con el Canal de Isabel II. De acuerdo con el relato de Anticorrupción, el Gobierno de Ruiz-Gallardón facultó el día 29 de noviembre de 2001 a la empresa de aguas a realizar una inversión internacional "cuando de conformidad con sus estatutos este ente público no podía realizar esa actividad". No fue hasta 2002 cuando el Canal estuvo habilitado para participar en otras sociedades.