Cinco formas de abortar que reaparecerán si se aprueba la ley Gallardón

Las mujeres que quieran abortar, lo harán. La frase no es un argumento de las clínicas que se dedican a la interrupción del embarazo, sino de la Organización Mundial de la Salud, los ginecólogos y psiquiatras. “Hacer legal, seguro y accesible el aborto no incrementa significativamente la demanda. Al contrario, el principal efecto es convertir las prácticas que antes eran inseguras y clandestinas en seguras y legales”, señala un estudio publicado también por la revista The Lancet.

En 2012, último año del que hay registros oficiales, el número de abortos con la ley elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue en total de 112.390. Según datos del Ministerio de Sanidad, son 5.000 abortos menos que en 2010, último año de vigencia parcial de la ley de 1985, la misma que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende endurecer.

Al eliminar el aborto como un derecho que no requiere justificación, al dejar fuera el supuesto de malformación e incluir requisitos como el doble análisis médico y una semana de reflexión, la nueva ley no sólo restringirá las posibilidades de abortar legalmente, sino que inevitablemente propiciará todo tipo de soluciones alternativas. Como advierte la OMS, esas prácticas pueden ser en muchos casos directamente "inseguras e ilegales", con el riesgo que eso supone para la salud de las mujeres.

Tras haber recabado información de ginecólogos, el Gobierno, clínicas abortistas y otros expertos, analizamos las distintas alternativas a la ley Gallardón:

INFORMES FALSOS

El anteproyecto del Ministerio de Justicia fía toda posibilidad de abortar al daño psíquico o físico de la embarazada. "Es una cuestión que no tiene nada que ver con la salud mental, la mujer que aborta no es una enferma”, en declaraciones de Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), publicadas por El País. Puede ser una situación que derive en problemas psíquicos, pero no se ha establecido que los cause. “A veces intervenimos, pero siempre por iniciativa propia de la mujer, para aliviar, consolar, apoyarla ante la decisión que ha tomado", señala la AEN.

Ante un gran porcentaje de casos que quedan fuera de la ley, los psiquiatras se verán entre dos decisiones muy delicadas: cumplir la ley y abandonar a la mujer en un momento crucial o diagnosticar un problema mental que no existe para permitir que aborte.

"En ese momento va a haber muchos médicos que busquen la manera de que se puedan aplicar abortos", asegura a El Huffington Post Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI). Lo mismo opina Modesto Rey Novoa, ginecólogo en el Hospital Universitario de Burgos. "Habrá muchos colegas que ayuden", asegura el facultativo, también presidente de la Sociedad de Contracepción de Castilla y León.

Es lo que se conoce como el "coladero" del daño psíquico o psicológico, que era el supuesto más utilizado antes de que no hiciera falta justificar el porqué del aborto. La posibilidad de que se viole la ley de esa manera es reconocida incluso en círculos del propio PP y ya se producía al amparo de la ley de 1985, inspiradora de la nueva reforma. Además, ese "coladero" ha sido siempre muy criticado por las llamadas asociaciones provida.

Al explicar el anteproyecto, el Ministerio de Justicia rechaza la posibilidad en una comunicación remitida a El HuffPost. "No se trata de violar el espíritu de ley si no de incumplir la ley. La mala praxis médica está regulada en el caso de los psiquiatras así como de cualquier otro facultativo". Las penas de cárcel oscilan entre uno y tres años para los médicos que firmen con los ojos cerrados partes de daños psíquicos.

EL EXTRANJERO: LISBOA O LONDRES

"Estuve abortando en Londres y me acordé de ti". La broma, en forma de camiseta de recuerdo, circula por las redes sociales para describir una realidad casi inconcebible para la España que conoció el aborto y la ley de 1985.

La necesidad de dos informes médicos, la semana de reflexión y, sobre todo, la eliminación del supuesto por malformación harán que muchas mujeres se vayan al extranjero, según coinciden los ginecólogos y clínicas que practican abortos. "Será sobre todo Portugal y Reino Unido, que tienen legislaciones que ofrecen mayores posibilidades", asegura el ginecólogo Javier Martínez Salmeán. También podrá ocurrir en Francia, Holanda y otros países del entorno. En la Unión Europea, sólo está terminantemente prohibido en Malta, donde el asunto no es ni siquiera motivo de debate público.

"El problema es que abortar en el extranjero puede costar hasta 4.000 o 6.000 euros, por lo que sólo las mujeres con recursos podrán permitírselo, dejando a las que no los tienen la única posibilidad de recurrir a métodos clandestinos en España, con los riesgos que eso comportará", asegura de Rey Novoa, del Hospital Universitario de Burgos.

En pleno siglo XXI, cuando los vuelos de bajo coste son una realidad en la vida de muchas jóvenes, el aborto en el extranjero será logísticamente mucho más sencillo siempre que pueda ser costeado. Aunque ya no se trate de una aventura en terreno desconocido, el Gobierno no se ha planteado consultar a los países de la Unión Europea sobre posibles restricciones. "El ámbito de competencia legislativa del Gobierno afecta a leyes que son aplicables dentro de su territorio y, como es lógico, no puede interferir en la legislación de otros países", aseguran las fuentes de Justicia. En otras palabras: si hay dinero, vía libre.

SEGUROS Y EN HOSPITALES, PERO ILEGALES

Una operación menor, la extirpación de un mioma en el útero o cualquier otra excusa podría servir a los médicos de la sanidad pública para realizar abortos tan seguros para la salud de la mujer como ilegales. Aunque a las embarazadas no les acarreará ninguna consecuencia, los médicos se juegan el tipo y se arriesgan hasta a tres años de prisión.

"Esa objeción de conciencia [en este caso, a la ley de Gallardón] no tiene ningún efecto legal, como sí lo estará para quienes no quieran participar en abortos", afirma Rey Novoa. "Hay algunos colegas que ya se han significado a favor y probablemente apliquen los mismos métodos que ante un aborto espontáneo cuando no se expulsa el feto", señala. "Pero además de ilegal, es muy difícil organizativamente y los médicos que acaben registrando una tasa de abortos más alta tendrán que dar explicaciones", lamenta.

"Suena bien desde el punto de vista reivindicativo, pero no es una salida", señala Martínez Salmeán. Demasiada presión para unos médicos que no quieren ser héroes sino "que se trate el aborto como un problema de salud pública", no como una "cuestión moral", tanto desde el punto de vista de la motivación de la mujer como de la ética médica.

LA PELIGROSA CLANDESTINIDAD

La Celestina (en la imagen, por Picasso), personaje clave y protagonista de uno de los libros fundamentales en el siglo XV, practicaba abortos. En el relato de Fernando de Rojas, la alcahueta y apologeta del sexo pretendía proteger el honor de mujeres en una sociedad hipócrita de nobles o cristianos viejos.

No hace falta remontarse a la literatura renacentista para encontrar abortos clandestinos hechos sin ningún tipo de cuidado, sino que ocurrieron con frecuencia antes de la despenalización. La posibilidad de que regresen "existe", reconoce Francisca García, recordando una vez más que la mujer que quiera abortar, lo hará de todos modos. "Una vez que abandonamos en el terreno de la ley, todo es posible, pero muy arriesgado al carecer de seguimiento y control médico", señala.

Si no hay dinero para irse fuera y tampoco contactos con médicos que sigan practicando abortos pese al riesgo para ellos mismos, la peligrosa clandestinidad se puede erigir en opción. "El riesgo son más abortos sépticos [con riesgo de infección], inducidos, hemorragias", señala Rey Novoa. El problema de salud física y psíquica puede ser irreparable.

TRÁFICO DE PASTILLAS ABORTIVAS

Hasta la séptima semana tras la amenorrea o desaparición del flujo menstrual, las mujeres pueden abortar con un tratamiento de pastillas conocido como mifepristona o r-486. Se trata de una forma farmacológica de interrupción del embarazo que está recogida por la ley en igualdad de condiciones que la intervención quirúrgica.

Con la ley Gallardón y los nuevos requisitos que retrasan la autorización, será mucho más difícil que dé tiempo a utilizar este método abortivo de forma legal. Por ese motivo, los expertos no descartan que pese al alto riesgo prolifere el tráfico de pastillas o su venta por internet, como pasa con otros muchos medicamentos. Sin embargo, con la ley actual ya se utiliza muy poco y el Ministerio de Sanidad no facilita datos oficiales sobre las mujeres que abortan por esa vía. "En Francia, el país que la desarrolló, es el 50% de los abortos en esas fechas, pero en España su uso es aún muy reducido, un 1% en Madrid, un 5% en Barcelona", señala el ginecólogo Martínez Salmeán.

Su actual uso limitado se explica por trabas políticas y lo consolidadas que están las intervenciones, según el ginecólogo, que trató de establecer su uso regular en el hospital de Leganés, donde fue responsable del servicio de Ginecología.

Lo que pase tras la aprobación de la ley Gallardón, con las pastillas y algunos métodos que parecían relegados al pasado, es una gran incógnita.