Andalucía, Euskadi y Aragón no aplicarán el copago farmacéutico en hospitales el 1 de octubre
A partir del 1 de octubre, los pacientes no ingresados en hospitales deberán pagar un 10% (con un máximo de 4,20 euros por envase) por los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas. Este nuevo copago ha provocado el rechazo de varios gobiernos autonómicos -que serán los encargados de gestionarlo- y algunos como el andaluz y el vasco ya han avanzado que no lo aplicarán.
La Junta de Andalucía ha explicado que no la va a ejectuar y que interpondrá un recurso de alzada "en los próximos días" contra esta resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado en un comunicado que ya ha "exigido" la retirada de esta medida y ha dado las instrucciones para que se formalice esta posición en la próxima Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial que se celebrará el 1 de octubre.
La Junta ha destacado que esta resolución se ha comunicado por el Ministerio "sin informar previamente" a las comunidades autónomas "ni acordarlo" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la ha calificado de "improvisación" que, además, "no se recogió de forma explícita" en el Real Decreto 16/2012 sobre prestaciones farmacéuticas.
Para la Junta de Andalucía este copago supone "una medida totalmente injusta que afecta directamente a 90.000 personas en la comunidad autónoma y que atenta contra la equidad del sistema castigando, una vez más, a los colectivos más vulnerables".
EL PAÍS VASCO AMENAZA TAMBIÉN CON LOS TRIBUNALES
El Gobierno vasco reclamará la paralización cautelar del copago, ya que es "imposible" ponerla en marcha el 1 de octubre y, además, generará "más gasto que ahorro".
Esta petición será cursada a través de un recurso ante el Ministerio de Sanidad y, en caso de que este sea rechazado, se impugnará ante los tribunales de justicia. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha asegurado que no comparte, "en absoluto", la orden del Ejecutivo central para empezar a cobrar este 10%.
Erkoreka ha denunciado que la medida "supone un disparate desde el punto de vista humano, sanitario y administrativo", además de resultar "inútil" en lo que se refiere a su supuesto carácter "disuasorio" y en la esfera "recaudatoria".
TAMBIÉN CRÍTICAS DESDE EL PP
Aragón, gobernada por el PP, se ha sumado a Castilla y León en su malestar dentro del partido por esta medida. El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha indicado que es "materialmente imposible" aplicar el nuevo copago el próximo 1 de octubre y ha anunciado que su departamento estudia "medidas compensatorias para reducir o eliminar la aportación del paciente".
Ha mostrado su "total acatamiento de las normas" y su voluntad de poner en marcha esta medida "lo antes posible", si bien "más prisa me corre tener claro cuál es el límite de aportación que desde un punto de vista social sería admisible y es ahí donde queremos incidir en primer lugar".
En cambio, han avanzado que lo aplicarán los gobiernos de Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid.
MATO DEFIENDE LA MEDIDA
Sobre esta cuestión se ha pronunciado en el Senado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que ha asegurado que las medidas de ahorro que su departamento está llevando a cabo para garantizar la "sostenibilidad, universalidad y gratuidad" del Sistema Nacional de Salud están garantizando la incorporación y financiación de los medicamentos "más innovadores" del mercado a la cartera de servicios.
Mato se ha pronunciado así en respuesta a la senadora del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta, María Victoria Chivite, quien le ha preguntado sobre el impacto que va a tener el "nuevo" copago de medicamentos.
En este sentido, la ministra ha asegurado que no se trata de una nueva medida ya que, según ha recordado, estaba ya incluida en un real decreto anterior.
Así, la titular del departamento de Sanidad ha insistido en que, al igual que el resto de copagos, los ciudadanos con rentas más bajas y los desempleados no van a tener que pagar "nada" por estas medicinas y que, el resto, van a pagar en función de su renta hasta alcanzar el máximo de los 4,20 euros.
